El 2 de enero de 2009 el, en aquel entonces, Senador Roberto Arango propuso la creación de la Gran Biblioteca de San Juan ( P del S 28, 2009). La propuesta fue lo más cercano en los últimos años hacia un esfuerzo de política pública gubernamental respecto a los servicios bibliotecarios y de información. El proyecto presentaba grandes fortalezas pero también profundas debilidades.

La Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información [EGCTI] al igual que la Asociación de Egresados de la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información (ASEGRABSI) entre otras asociaciones bibliotecarias, participaron tanto en vistas legislativas como con declaraciones escritas donde ofrecían su opinión respecto al proyecto.

La medida legislativa reiteraba la posición clave de las bibliotecas como elementos fundamentales en el desarrollo económico, cultural y social de Puerto Rico. Sin embargo ya en aquel entonces los bibliotecarios objetamos la asignación de fondos que contemplaba incluso la emisión por parte del gobierno de bonos de la Autoridad de Puerto Rico para el Financiamiento de Facilidades Industriales, Turísticas, Educativas, Médicas y de Control Ambiental (AFICA). No tenemos que añadir más a esta oración dado en momento histórico que Puerto Rico experimenta en el 2018.

El presidente de ASEGRABSI en aquel momento, Héctor Rincón González, declaró para Diálogo Digital que “las condiciones actuales del País demandan acciones certeras, con otra dirección que pudiera hacer de esta iniciativa una más factible. Las propuestas del gobierno deben garantizar un principio básico de prudencia y discernimiento en época de crisis fiscal y ante el advenimiento de miles de despidos. Es indispensable el uso efectivo de recursos a tono con las necesidades del pueblo puertorriqueño y las comunidades foráneas” (Universia PR)

Diez años más tarde el tiempo nos dio la razón. La inversión no contemplaba un presupuesto sostenible para el proyecto ni la participación activa de bibliotecarios profesionales. La Junta Asesora estaría compuesta por once (11) miembros donde solo había un bibliotecario que representaba el gremio. El resto se componía por diversos sectores que podría haber politizado el proyecto.

Por otro lado Puerto Rico tiene la Biblioteca Nacional, el Archivo General y la Biblioteca Carnegie en aquel momento abierta, hoy cerrada. No había que construir nada, había que fortalecer lo que ya tenemos.

El proyecto contemplaba un “Plan de Trabajo dirigido a establecer e implementar la estructura operativa que estime más conveniente para el desarrollo, construcción y el funcionamiento dela Gran Biblioteca de San Juan”. El desfase estribó en la falta de visión de futuro y desconocimiento en las ciencias de la información.

La biblioteca es un organismo vivo que se transforma según las necesidades de sus usuarios. El desarrollo de colecciones, la alfabetización informacional, la creación de servicios y las actividades se planifican de manera constante. Una planificación adecuada de una política pública del Gobierno del Puerto Rico para una red de servicios bibliotecarios y de información debe tomar en consideración estos aspectos así como establecer los servicios para el resto de la Isla.

Por otro lado el proyecto no contemplaba los servicios bibliotecarios para personas con necesidades especiales, las bibliotecas académicas del sistema público, ni las bibliotecas escolares. Opinamos que debe haber una política pública supra que asegure la calidad de los servicios de acuerdo a los cambios y estrategias vigentes según dictan federaciones y asociaciones estatales e internacionales tales como International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), American Library Association (ALA), Association for College and Research Libraries (ACRL), American Association of School Librarians (AASL), Special Libraries Association (SLA) y conferencias internacionales como Librarians’ Information Literacy Annual Conference (LILAC) entre otros.

Los invito a leer Panamá: Mapeo de las iniciativas de bibliotecas latinoamericanas y caribeñas en apoyo al Plan Nacional de Desarrollo – Agenda 2030  que visualiza la contribución de las bibliotecas en la equidad de la distribución de los beneficios del crecimiento económico y en una sociedad más democrática, equitativa, próspera, dinámica y regionalmente equilibrada en su desarrollo económico y social.

Puerto Rico necesita una política pública del Gobierno del Puerto Rico para una red de servicios bibliotecarios y de información si queremos invertir en la economía y la sociedad del conocimiento. La bibliotecas son ejes del desarrollo social, cultural, educativo y  económico de un país. Puerto Rico necesita que las personas que elegimos para dirigir el país se concentren en lo que es verdaderamente importante.